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Lo esencial
- A finales de 2025, 853.740 personas esperaban una operación no urgente en la sanidad pública; la espera media era de 122 días.
- El Estado fija las bases y coordina; las comunidades autónomas gestionan los servicios y hacen el 93,6 % del gasto sanitario público.
- Se debaten listas de espera, atención primaria, profesionales, gestión pública o privada y prestaciones; la evidencia es parcial.
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El problema
Según el último corte publicado del Ministerio de Sanidad (31 de diciembre de 2025), 853.740 personas esperaban una operación no urgente en la sanidad pública (17,7 por cada 1.000 habitantes). La espera media era de 122 días, 4 menos que un año antes, y el 21,6 % llevaba más de 6 meses. Para una primera consulta con el especialista esperaban 84,4 de cada 1.000 habitantes, con una espera media de 102 días; el 61,5 % tenía cita para más de 60 días. Hay grandes diferencias entre comunidades: en consultas, la espera media iba de 16 días en Melilla a 162 en Canarias.
En 2024 el gasto sanitario público fue de 101.739 millones de euros: el 6,4 % del PIB y 2.084 euros por habitante. Casi la mitad (44,8 %) se dedicó a pagar al personal y el 10,0 %, a servicios contratados con centros privados (conciertos). Por funciones, los hospitales y la atención especializada se llevaron el 62,1 %; la atención primaria y la farmacia, el 14,4 % cada una. El gasto por habitante de las comunidades autónomas iba de 1.658 euros en Andalucía a 2.332 en el País Vasco.
Comparado con la Unión Europea, y sumando gasto público y privado, España dedicó a la sanidad el 9,2 % del PIB en 2023, frente al 10,0 % de media en la UE. Por habitante gastó 3.137 euros (ajustados por poder adquisitivo), una quinta parte menos que la media europea (3.832). El 73 % del gasto fue público (media de la UE: 80 %) y los hogares pagaron directamente el 21 % (UE: 16 %), sobre todo en dentista y medicamentos.
En 2023 había en España 4,4 médicos por cada 1.000 habitantes, algo más que la media de la UE (4,3), y 5,9 enfermeras, por debajo de la media europea (8,5); esta cifra no incluye a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. En 2022, el 43 % de los médicos tenía 55 años o más. La OCDE y el Observatorio Europeo prevén escasez de médicos de familia y de algunas especialidades, como geriatría, psiquiatría y radiología.
La atención primaria (centro de salud y médico de familia) es la puerta de entrada al sistema. En 2025, el 80,8 % de los adultos dijo usarla y el 80,4 % de sus usuarios la valoró positivamente. El 21,8 % fue atendido el mismo día o al siguiente de pedir cita; el resto esperó de media 9,15 días. El número de médicos de atención primaria variaba entre 0,6 y 1,1 por cada 1.000 habitantes según la comunidad autónoma (2022).
En el Barómetro Sanitario de 2025, el 51,6 % de la población opinaba que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien, y el 20,2 % que funciona mal y necesita cambios profundos. La satisfacción con la sanidad pública fue de 6,02 sobre 10, la más baja desde 2015 (en 2019 era de 6,74). Si pudiera elegir, la mayoría iría a un centro público; la diferencia es menor en las consultas con el especialista (56,5 % público y 41,1 % privado). El 20,4 % dice tener un seguro privado contratado por su cuenta y el 10,3 %, uno pagado por su empresa.
La Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y reserva al Estado las bases y la coordinación general de la sanidad. La Ley General de Sanidad (1986) creó el Sistema Nacional de Salud, formado por los servicios de salud del Estado y de las comunidades autónomas, que gestionan la atención desde que culminó el traspaso en 2002. La Ley de cohesión y calidad (2003) regula la cartera común de servicios y el Consejo Interterritorial, donde se coordinan el Ministerio y las comunidades. Los funcionarios de MUFACE pueden elegir recibir la asistencia en la sanidad pública o a través de una aseguradora concertada (ASISA o Adeslas en el concierto 2025-2027).
Hay debate sobre qué priorizar y cómo combinarlo: más personal y recursos, reorganizar la atención primaria, el papel de los centros privados (conciertos, mutualidades de funcionarios), ampliar lo que cubre la sanidad pública (por ejemplo, el dentista) y mejorar la coordinación entre comunidades. La AIReF ha propuesto cambios en el mutualismo de los funcionarios, y los estudios sobre hospitales de gestión privada con financiación pública llegan a conclusiones distintas.
Los datos tienen límites. Las listas de espera las calcula cada comunidad autónoma y el Ministerio solo las agrega: en septiembre de 2026 se rectificó el corte de diciembre de 2025 por un cambio en los datos de Castilla-La Mancha. La espera media mide cuánto llevan esperando quienes siguen en la lista en la fecha de corte, no cuánto esperaron quienes ya fueron atendidos. El Barómetro Sanitario cambió en 2022 de entrevistas en casa a telefónicas, lo que afecta a la comparación con años anteriores. Y el 6,4 % del gasto sanitario público no se puede asignar a ninguna comunidad.
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Lo que ha pasado esta legislatura (2023-2026)
Leyes aprobadas, evolución de los datos oficiales y hechos relevantes, con su fuente. No valoramos si fue mejor o peor: eso lo decides tú.
18 de junio de 2024
Orden SND/606/2024: ampliación de la salud bucodental en la cartera común
Amplía y detalla la atención bucodental de la cartera común de atención primaria, con enfoque preventivo y de forma progresiva. Prioriza a niños y jóvenes (hasta 14 años), embarazadas, personas con discapacidad y personas con cáncer en la zona cervicofacial. También añade cuatro enfermedades al cribado neonatal y crea un comité asesor de genética.
Ampliaría: Frente Amplio
Según lo que dice su programa. Ábrelo en el paso 4.
31 de octubre de 2024
Ley 3/2024, de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad
Considera que las personas con ELA y otras enfermedades neurológicas irreversibles de alta complejidad tienen una discapacidad de al menos el 33 %, prevé un procedimiento de urgencia (máximo tres meses) para revisar su grado de discapacidad, y modifica la Ley 16/2003 de cohesión del SNS para precisar la rehabilitación de pacientes con déficit funcional.
Mantendría: PNV
Según lo que dice su programa. Ábrelo en el paso 4.
13 de mayo de 2025
Orden SND/454/2025: cribados y atención primaria en la cartera común
Añade al cribado neonatal la tirosinemia tipo I y las cardiopatías congénitas críticas, modifica el cribado de cáncer de cérvix, actualiza las pruebas diagnósticas y las actividades de prevención y atención comunitaria accesibles desde atención primaria, y concreta qué grado de discapacidad da acceso a la atención bucodental ampliada.
29 de julio de 2025
Ley 7/2025: creación de la Agencia Estatal de Salud Pública
Crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), adscrita al Ministerio de Sanidad, con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión, para reforzar las capacidades del Estado en salud pública y en la protección frente a riesgos sanitarios, en colaboración con las comunidades autónomas. Modifica la Ley 33/2011 General de Salud Pública.
Mantendría: Frente AmplioPor un Mundo Más Justo
Ampliaría: PP
Según lo que dice su programa. Ábrelo en el paso 4.
9 de octubre de 2025
Real Decreto 902/2025: ayudas para gafas y lentes de menores de hasta 16 años
Regula una subvención de 47,775 millones de euros, con ejecución hasta 2027, para ayudas directas de hasta 100 euros (IVA incluido) por persona para comprar gafas, lentes graduadas o lentes de contacto para menores de hasta 16 años. La ayuda se descuenta en la factura de los establecimientos adheridos. Es una subvención, no una prestación de la cartera común.
Ampliaría: PSOEFrente Amplio
Según lo que dice su programa. Ábrelo en el paso 4.
20 de abril de 2026
Orden SND/356/2026: ampliación de cribados neonatales, prenatales y de cáncer colorrectal
Añade más enfermedades congénitas a la prueba del talón (entre ellas la atrofia muscular espinal y la inmunodeficiencia combinada grave), incluye la preeclampsia en el cribado prenatal, amplía hasta los 74 años el cribado de cáncer colorrectal y elimina un límite de edad para la fecundación in vitro con ovocitos donados en casos de fallo ovárico prematuro.
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Qué se puede hacer
Estas son las líneas de actuación que se debaten. Ninguna se presenta como mejor que otra.
Listas de espera
- Qué busca
- Reducir el tiempo que pasa desde que el médico indica una operación, una consulta o una prueba hasta que se realiza.
- Cómo funciona
- Plazos máximos garantizados por ley, planes de choque con más actividad (por ejemplo, por las tardes), derivación a otros centros públicos o privados cuando se supera el plazo, priorizar a los pacientes según su gravedad y publicar los datos de forma homogénea.
- Límites
- Si aumenta la actividad pero también aumentan las derivaciones, la lista puede no bajar. Hacen falta profesionales y quirófanos disponibles. Los plazos máximos pueden hacer que se atienda antes a casos leves que llevan mucho tiempo esperando. Los datos de cada comunidad no siempre son comparables.
Qué dicen los estudios (3)
Desde 2011, un real decreto fija un plazo máximo de 180 días para cinco operaciones: cirugía cardíaca valvular y coronaria, cataratas y prótesis de cadera y de rodilla. Las comunidades autónomas concretan sus propias garantías. A 31 de diciembre de 2025 superaban ese plazo el 15,9 % de quienes esperaban una prótesis de rodilla, el 13,7 % en cadera, el 6,9 % en cirugía valvular, el 2,6 % en cataratas y el 1,6 % en bypass coronario.
Una revisión de la OCDE y la Universidad de York concluye que Finlandia e Inglaterra redujeron las esperas fijando plazos máximos como objetivos para los centros, con supervisión y posibles sanciones; Dinamarca y Portugal los vincularon al derecho a elegir otro centro, a menudo privado con financiación pública. Aumentar la actividad solo reduce las esperas si crece más que la demanda y si no aumentan a la vez las derivaciones.
Tras la pandemia, el porcentaje de pacientes que esperaban más de tres meses para una prótesis de cadera bajó al 44 % en 2024, pero seguía por encima del 38 % de 2019. La misma revisión señala que no hay evidencia de cuánto reducen las esperas las medidas de coordinación entre atención primaria y hospitales. En 2024 se creó un grupo de trabajo para homogeneizar cómo registran las listas las comunidades.
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